Vientres de alquiler en Puebla: una regulación sin garantías para mujeres gestantes ni menores
La diputada Nayeli Salvatori presentó en la recta final del segundo periodo ordinario del Congreso Local una iniciativa para regular la gestación subrogada en Puebla o vientres de alquiler. Si bien su discusión aún podría extenderse al siguiente periodo Legislativo, el tema ya está sobre la mesa.
La propuesta busca, según su impulsora, “proteger los derechos de las mujeres gestantes y de los menores nacidos por esta vía”, así como evitar que el proceso continúe en la clandestinidad. No obstante, colectivos feministas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos han advertido que el contenido actual del proyecto no garantiza condiciones mínimas para las mujeres involucradas ni para las infancias.
Zavine Magadán Pérez, activista integrante de REDefine Puebla y Acompañemos AC, señaló en entrevista a ALMANAQUE el planteamiento parte de un enfoque restrictivo y biomédico que excluye derechos fundamentales: “No se contempla qué ocurre si la mujer decide interrumpir el embarazo, si hay complicaciones de salud o si se da una situación de coerción económica o familiar”.
Gestación subrogada en Puebla: Sin consentimiento informado ni supervisión independiente
Uno de los principales señalamientos hacia la iniciativa que intenta regular la gestación subrogada en Puebla es que no establece un marco claro de acompañamiento, seguimiento o supervisión. No hay mención de protocolos de verificación para asegurar que las mujeres participen de forma libre, informada y no por necesidad económica. Tampoco se garantiza el acceso a representación legal gratuita o acompañamiento psicológico durante el proceso.
“Pareciera que se reconoce a la mujer solo como portadora, sin contemplar su autonomía. No hay obligación de crear una instancia independiente que vigile los contratos ni mecanismos que aseguren que no hay explotación o discriminación”, explicó Magadán.
El informe “Gestación subrogada en México” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), respalda estas preocupaciones. La organización ha documentado que en contextos desregulados o con leyes imprecisas, las mujeres gestantes frecuentemente desconocen el contenido de los contratos, no tienen copias firmadas y enfrentan obstáculos legales si los padres intencionales incumplen acuerdos o abandonan el proceso.
Riesgos para menores y antecedentes preocupantes
Otro vacío detectado en la propuesta de gestación subrogada en Puebla es la falta de disposiciones para garantizar que los niños nacidos mediante este método tengan derecho a conocer sus orígenes genéticos y gestacionales. Esta omisión contraviene recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y reproduce prácticas opacas similares a las ya denunciadas en otros estados.
Tabasco, por ejemplo, ha enfrentado crisis legales desde la reforma a su Código Civil en 2016. De acuerdo con GIRE, hay menores sin actas de nacimiento debido a la aplicación retroactiva de requisitos y mujeres perseguidas penalmente por supuestos delitos vinculados a estos procesos.
“La experiencia muestra que cuando no se regula bien, se vulnera tanto a las mujeres como a las infancias (…) Puebla no puede ser referente de una regulación incompleta que habilite malas prácticas o fomente un mercado sin supervisión”, puntualizó Magadán.
¿Qué sigue?
Aunque la propuesta de ley ya fue presentada, aún está en comisiones y no se ha definido si será votada hasta el próximo periodo de la actual legislatura. Organizaciones feministas insisten en que aún hay margen para modificarla o incluso replantearla desde una perspectiva de derechos humanos.
“No se debe prohibir, pero sí regular bien. Puebla no puede ser el estado que apruebe una legislación sin garantías reales. Dejar esto en manos de clínicas y particulares sin vigilancia estatal solo va a replicar lo que ya ha pasado en otros estados: impunidad, explotación y abandono”, advirtió Zavine Magadán.
La iniciativa tampoco contempla licencias de maternidad, compensaciones económicas ni protección diferenciada para mujeres indígenas o rurales. No hay obligación de registro público de los contratos, lo que impide garantizar transparencia.
GIRE coincide en que la regulación es necesaria, pero no a costa de reproducir desigualdades.
