Ley de Ciberseguridad en Puebla no dará marcha atrás; realizarán foros para su adecuación

A pesar de las críticas y cuestionamientos generados tras su aprobación, la Ley de Ciberseguridad en Puebla no dará marcha atrás.
Así lo aseguró la presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García, quien reconoció que sí se abrirán espacios de diálogo y análisis para revisar su implementación.
“Los foros y lo que sea necesario, como comentaba, tendríamos que realizar para que de ahí salga un producto y saber si se puede poner en tela de juicio la libertad de expresión en nuestro estado”, dijo en entrevista con medios.
La legisladora confirmó que ya fue avalada en el Pleno del Congreso local, por lo que su vigencia es legalmente válida.
Ley de Ciberseguridad en Puebla no dará marcha atrás; harán adecuaciones
No obstante, reconoció que aún hay temas pendientes por revisar, como el uso del internet y el ciberespacio.
#EnVideo 🤳 No habrá marcha atrás en la #LeydeCiberseguridad ❌
— Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) June 17, 2025
La presidenta del @CongresoPue, @artemisa_laura declaró que la ley aún necesita ser trabajada, por lo que realizarán foros para su adecuación.
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Como parte del proceso de adecuación, el jueves 19 de junio se llevará a cabo el primer foro ciudadano, y el viernes se realizará otro con especialistas en la materia.
Ambos encuentros estarán abiertos a personas interesadas en conocer cómo esta ley impactará su vida cotidiana.
Sobre posibles modificaciones, Laura Artemisa no descartó ajustes al artículo 480, relacionado con el ciberacoso, “para garantizar la libertad de expresión de los periodistas”.

Sin embargo, dejó claro que, de acuerdo con la reglamentación interna del Congreso, una derogación o reforma mayor solo podría plantearse al cierre del actual periodo legislativo, por lo que no está contemplado retroceder en su aprobación.
“Confío plenamente que todavía hay muchos temas que se tienen que atender… pero insisto, estamos dando un paso”, agregó.
Los foros serán organizados por el Congreso del Estado, y sus resultados servirán como base para evaluar posibles precisiones o lineamientos de aplicación, pero no para detener la ley ya vigente.

