Osvaldo Macuil / @OsvaldoMacuil

Este día se cumple un año del aumento a la tarifa del transporte público. Sin embargo, los usuarios aún siguen padeciendo un servicio de bajo nivel, debido a que los concesionarios no modernizaron las unidades y las cámaras de vigilancia no sirven.

El 12 de octubre del año pasado entró en vigor el aumento de 6 a 8.50 pesos. La condición que puso el gobierno de Puebla a los concesionarios para incrementar la tarifa al servicio, fue que mejoraran sus vehículos con botones de pánico, unidades nuevas, así como de cámaras de videovigilancia conectadas al C5.

Recientemente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que las cámaras fueron un fracaso, debido a que los transportistas se conectaron al servidor de una empresa privada y no a los sistemas de seguridad pública.

“Ha sido un fracaso, tengo información, todo va a cambiar pronto. Ahora resulta que una plataforma privada es a donde se conectan algunos de los transportistas de las unidades de transporte, a una plataforma privada y no al C5”, declaró el mandatario estatal el pasado 5 de febrero.

Transportistas se conectaron a una empresa privada y no al C5, revela Barbosa

El pase de revista

Después de autorizar el aumento a la tarifa, el gobierno estatal dio un plazo de cuatro meses a los concesionarios para implementar las adecuaciones. El 12 de febrero de este año arrancó el pase de revista para revisar que cumplieran.

Cuando arrancó este proceso, el gobierno estatal anunció que otorgó un plazo de seis meses a los transportistas para que terminará de cumplir con el acuerdo.

El 13 de agosto pasado, concluyó este segundo periodo, pero solamente el 60% de las unidades en todo el estado cumplió con la modernización.

Vence el plazo que dio la SMT para revisar a todo el transporte público en Puebla

Transportistas dejaron de pagar por las cámaras

Las cámaras de seguridad y los botones de pánico que se instalaron en el transporte público no funcionan, debido a que los concesionarios dejaron de pagar a la empresa que da el servicio, pues se quedaron sin dinero por la crisis del coronavirus y la suspensión de actividades que se dio entre marzo y julio.

Los dueños de las unidades pagaron entre 22 mil y 26 mil pesos por la instalación de las cámaras, y además debían desembolsar 300 pesos para rentar el servidor en el que se guarda la información que generan estos equipos.

Sin embargo, al reducirse el número de pasajeros dejaron de pagar por el almacenamiento de la información, por lo que consideró que solo 100 unidades tienen operando al cien por ciento las cámaras, botón de pánico y GPS.

Cámaras y botones de pánico del transporte no funcionan; concesionarios dejaron de pagar  

 

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