La semana pasada miles de poblanas se dieron cita en las calles del primer cuadro de la ciudad para conmemorar el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Mientras tanto, en el sur, empezaban las labores para la búsqueda de María Gabriela de los Ángeles, quien había salido de su casa en el fraccionamiento “Los Héroes de Puebla” sin volver a comunicarse con sus familiares o, al menos, eso se creía. Tres días después, elementos de la policía municipal encontraron el cuerpo de Gabriela en la cisterna de su casa, el primer sospechoso: su expareja, quien la habría asfixiado después de una discusión.
El día posterior al hallazgo, colectivas feministas se dieron cita en el Parque del Carmen para reclamar la presencia de hombres infiltrados que destrozaron los cristales de varias paradas del Metrobús con una intención incierta. Desde mi perspectiva, es un poco ingenuo pensar que estos delincuentes fueron enviados para reventar la marcha aún sabiendo que las manifestantes podrían grabarlos para evidenciar que ellas no formaron parte de los actos vandálicos, más bien, lo que puede apreciarse podría ser un performance de la famosa frase “pégale a la pared, pero nunca a una mujer”, es decir, un acto meramente intimidatorio que pretende callar las voces del reclamo social a través de la violencia.
Unas calles hacia el norte, una chica caminaba tranquilamente cuando un hombre se le acercó, abrió el cierre de su pantalón y empezó a masturbarse frente a ella en un acto cuya finalidad jamás he entendido. Entre el miedo y la rabia, la mujer sacó su teléfono para capturar su rostro, él se echó a correr y ella lo persiguió increpándolo. Mientras que la rueda de prensa de las colectivas acaparaba la atención de las autoridades municipales, quienes temían que las temibles manifestantes aparecieran nuevamente enrabiadas y pintaran sus valiosos monumentos, en el resto de las calles del Centro Histórico personajes asquerosos como el exhibicionista descrito arriba hacían de las suyas sin temor ni preocupaciones.
Actualmente, Puebla ocupa el lugar número 13 con 617 casos de violencia familiar de los 21 mil 375 que se han registrado a nivel nacional. Tan solo en enero de este año, 57 mujeres fueron víctimas de violación en la entidad, se recibieron mil 3 llamadas relacionadas con violencia contra las mujeres, se contabilizaron 7 casos de abuso sexual, 28 casos de hostigamiento sexual, 382 de violencia de pareja y mil 221 llamadas de emergencia vinculadas con violencia familiar. Extrañamente, solo se contabilizó un feminicidio en el Estado durante el primer mes del año, pero se registraron 5 homicidios dolosos y 8 culposos en los cuales las víctimas han sido mujeres.
Cabe señalar también que los asesinatos de mujeres registrados en el Triángulo Rojo no han sido investigados como feminicidios. Víctimas como Karina Bernardo Durán, María Luisa Pérez Zayas y muchas otras más cuyos cuerpos han sido encontrados lotes baldíos, barrancas o matorrales están lejos de encontrar justicia ante la segura o la ineptitud de las autoridades que han cerrado los ojos ante una realidad que poco a poco se abre paso: en donde hay crimen organizado, hay explotación y trata de personas.
Esto nos lleva a otro de los temas más relevantes de esta semana, el Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal que endurece las penas contra aquellos que obliguen a menores de edad a contraer nupcias. Las víctimas de este delito son principalmente niñas de comunidades afromexicanas e indígenas, cuya población escuda la práctica en sus “usos y costumbres” para evitar la intromisión del Estado. Aunque la determinación de los legisladores representa un gran avance para mitigar este tipo de prácticas que vulneran a las infancias, es importante luchar porque se reformen también los Códigos Penales Locales con el objetivo de que las medidas se apliquen en toda la República y no solo en la jurisprudencia federal. Además, por supuesto, de poner en marcha programas y políticas públicas que sensibilicen a la población acerca de la problemática.
La buena noticia es que existen organizaciones sociales, asociaciones civiles y colectivas feministas luchando y ejerciendo presión para garantizar los derechos de millones de mujeres y niñas poblanas. Justamente ayer, las organizaciones Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) y el Centro de Análisis y Formación e Iniciativa Social A.C. obtuvieron una resolución de la Suprema Corte de Justicia en la cual se ampara tanto a las mujeres que decidan abortar como a aquellos que las asesoren, las asistan o las defiendan.
La mala noticia es que ni los matrimonios infantiles, ni el aborto, ni los feminicidios, ni las violaciones, ni el acoso sexual serán temas para resolver en el corto plazo porque los procesos electorales recién arrancan y si las autoridades hicieran su trabajo, si echaran a andar proyectos preventivos eficaces, si se enfocaran en reconocer y defender los derechos humanos de los ciudadanos y lograran mitigar todas las problemáticas mencionadas anteriormente ¿Cómo volverían a ganar las elecciones? ¿Qué más podrían prometer sus candidatos en campañas?… Porque la continuidad no es rentable…
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