La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de la BUAP aprobada en el Congreso de Puebla por un aparatado en el que prohíben a personas con antecedentes penales ser rectores de la institucionalidad.
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso Local ingresó el documento firmado por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra
El organismo emitió un concepto de invalidez en contra de la fracción XI del artículo 18 en la que se establece que para ser rector o rectora se debe tener en cuenta “no haber sido condenada por la comisión de delito doloso”.
La CNDH refirió que este párrafo genera discriminación y limita a las personas a acceder a un cargo público de manera injustificada, pues si ya cumplieron con pena establecida pueden ser tomados en cuenta.
“Dicha exigencia transgrede los derechos de igualdad y no discriminación, así como el derecho de acceso a un cargo público, al excluir de manera injustificada a determinadas personas para ocupar el mencionado cargo público, pues quienes han sido sancionadas en algún momento de su vida por la comisión de un delito, si ya cumplieron con la pena que les fue impuesta y la conducta ilícita cometida no guarda relación estrecha con las atribuciones a desempeñar, deben tener la posibilidad de ocupar empleos públicos en igualdad de circunstancias que las demás personas”.
El presidente del Congreso, Eduardo Castillo López sostuvo que analizarán la recomendación emitida por la CNDH para determinar la acción a seguir por parte de los diputados locales.
En junio pasado, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Orgánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la cual se elimina la edad máxima para ser rector, la cual era de 65 años.
