Legalización del aborto polariza de nueva cuenta a Puebla
Un nuevo nubarrón –uno más– amenaza con oscurecer el cielo de Puebla.
En el último sexenio, la polarización en nuestro estado ha estado latente y cada día se encrudece más.
La actual situación política en la que, desde Palacio Nacional, se impulsó este escenario extremista rozó límites jamás vistos tuvo su punto más álgido en las elecciones federales recién concluidas.
La entidad poblana no estuvo exenta de esta situación y los comicios de este año dejaron un saldo negativo en cuanto a la inseguridad y el asesinato de candidatos que buscaban un cargo de elección popular.
La sombra de la inminente despenalización del aborto en la entidad, la cual podría quedar aprobada por el Congreso local este mismo lunes, ha puesto otra vez a la sociedad poblana en bandos opuestos.
Blanco o negro.
A favor o en contra.
Sin matices ni grises intermedios.
Proabortista o provida.
Puebla podría convertirse este lunes en la entidad número catorce en reformar su Código Civil estatal para despenalizar la interrupción legal del embarazo en acato a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ordenó a los 32 legislativos locales a derogar el delito de aborto autoprocurado y consentido.
Sin embargo, la iniciativa impulsada por diferentes legisladores de izquierda como Mónica Silva y Nora Merino ha sido fuertemente criticada por la muy politizada Arquidiócesis de la Iglesia Católica poblana, por universidades identificadas con la derecha y por un buen grupo de la sociedad poblana.
Históricamente, Puebla es de los estados más conservadores de México.
No por nada, los poblanos, a la fecha, seguimos siendo catalogados como “mochos” y objeto de burlas por la excesiva saturación de iglesias en la Angelópolis y las Cholulas.
Esto, aunado a la profundísima descomposición social del estado que incluyen los constantes casos de discriminación, racismo, clasismo y homofobia.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 90 % de la población en el estado se declara practicante de alguna religión, que en su gran mayoría es la católica romana.
Al decir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) de 2022, el 45.5 % de la población de 18 años o más en Puebla no está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo puedan adoptar menores.
Por si fuera poco, la sociedad poblana experimentó un notorio aumento en las experiencias de discriminación en comparación con el censo de 2017. En total, el 30.6 % de la población adulta informó haber tenido al menos una experiencia negativa, en comparación con el 28.4% que lo declaró cinco años antes.
Factores como esto han provocado que la discusión y la despenalización del aborto haya agitado los ánimos y polarizado las posturas de las personas que están a favor del ILE y en su contra.
Tan solo hay que recordar la retrógrada y ridícula iniciativa que en febrero del año pasado presentó la diputada local del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, para que se sancione a quienes fomenten la reasignación de género antes de los 18 años.
“Mientras que al menos 13 estados del país ya tienen leyes para reconocer la identidad de genero, así como diversos criterios de la Corte y de instancias internacionales que han sentado precedentes y que se expresan con toda claridad en esa materia, la diputada panista pretende que Puebla siga siendo considerado un estado ‘conservador’, o quizás, ‘retrógrada’”, sentenció de manera brillante el articulista de Milenio, Omar Cervantes.
La imagen de los legisladores panistas clausurando el Congreso local y colgando una lona con la leyenda “asesinos” retrata a la perfección lo mucho que nos falta por avanzar en materia de derechos humanos y el resto ajeno en la política.
Lo que preocupa es que, como los panistas, muchos poblanos –me atrevo a decir que la mayoría– están de acuerdo con los diputados de Acción Nacional, quienes piensan que los derechos humanos no son de aplicación general y que las minorías no pueden tener estos privilegios.
A lo largo de este fin de semana, en las redes sociales y en las calles se habla de defender la vida, de evitar la muerte, de bajar la mortalidad materna, de igualar derechos. Se cuelan creencias religiosas, se mira a los 13 estados que ya despenalizaron la interrupción del embarazo. Legalizar o no el aborto parece ser el debate que los próximos meses polarizará a Puebla.
Por si algo nos faltara.
Off the record
Un hecho que es innegable es la fuerza social y política de la que goza el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, quien la mañana de ayer hizo un fortísimo posicionamiento tras la misa dominical en la Catedral de la Ciudad de Puebla en contra de la despenalización del aborto.
“He bautizado a muchos hijos de diputados, he casado a varios, pues ahora quiero ver que están a favor de la vida y la familia (…) No será posible erradicar la preocupante violencia en que vivimos si como sociedad ejercemos violencia mortal a través del aborto contra miles de inocentes no nacidos. La vida no es negociable, la vida es sagrada (…) El aborto es un crimen y ningún crimen es solución. No a la violencia del aborto, digamos sí a la vida y a la paz social”.
En las pasadas elecciones vimos a los dos candidatos al gobierno del estado, Alejandro Armenta y Eduardo Rivera, peleándose el amor y el respaldo de Sánchez Espinosa.
Un día después de ganar los comicios, Armenta Mier, quien siempre se ha dicho devoto de la Virgen de Guadalupe, desde el hospital en donde se operó el tendón de Aquiles de una de sus piernas, presumió la visita en su habitación del arzobispo poblano.
¿Quién asumirá el costo político del ILE en Puebla?
¿Los diputados locales de Morena, el líder del Congreso Edgar Garmendia, el gobernador Sergio Salomón Céspedes?
Veremos.
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