Las 19 cámaras de vigilancia ilegales retiradas del Centro Histórico de Puebla llevaban al menos seis años operando sin autorización, según informó el alcalde Pepe Chedraui.
En entrevista, tras presentar la convocatoria del Servicio Militar Nacional, puntualizó que algunas cámaras de vigilancia ilegales estaban instaladas en negocios y en infraestructura pública sin que se identificara a los responsables de su colocación.
Pepe Chedraui reiteró el 25 de febrero que estas cámaras no pertenecían al municipio ni formaban parte del sistema de seguridad oficial.
Además, indicó que el retiro de estos dispositivos continuará en otras zonas de la ciudad para evitar su uso indebido.
Cámaras de vigilancia ilegales en el Centro Histórico
El secretario de Gobernación Municipal, Franco Rodríguez, detalló que estas cámaras fueron catalogadas como “cámaras parásitos”, ya que funcionaban fuera del sistema oficial de videovigilancia y sin regulación.
Indicó que el Ayuntamiento de Puebla dará un seguimiento cercano a la investigación que realiza Fiscalía para conocer el objetivo de estas cámaras.
¿Cuándo se realizó el operativo?
El retiro de las cámaras de vigilancia ilegales se llevó a cabo el 21 de febrero de 2025 en un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal (SSC), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano.
Las cámaras fueron desmontadas en 12 puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad, incluyendo calles como la 16 Poniente y 5 Norte, 10 Poniente y 7 Norte, Avenida Reforma, la Plancha del Zócalo y la 3 Norte.
Entre los dispositivos retirados había dos cámaras tipo domo, tres tipos PTZ y 14 tipo bullet, de acuerdo con el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la SSP.
Posible uso de las cámaras retiradas
Las autoridades señalaron que estos dispositivos estaban presuntamente vinculados con la agrupación de comerciantes ambulantes conocida como Fuerza 2000, quienes los utilizaban para monitorear operativos de seguridad y controlar el comercio informal en la zona.
Según Sánchez González, este tipo de vigilancia no regulada podría estar relacionada con intentos de control territorial por parte de grupos informales o delictivos.
