La diputada de Nueva Alianza acusó que en muchos casos las investigaciones de delitos contra mujeres en Puebla son obstruidas por perjuicios o razones de género.
Proponen 10 años de cárcel por obstaculizar investigaciones de delitos contra mujeres en Puebla
El Congreso local analizará elevar a 10 años de cárcel las penas por obstaculizar investigaciones de delitos contra mujeres en Puebla.
La iniciativa fue presentada en la sesión ordinaria del Pleno por la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala.
La legisladora del Partido Nueva Alianza Puebla propuso reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y al Código Penal local.
#EnVideo ⚖️🚨 La diputada Leonela Martínez presentó una reforma para castigar con hasta 10 años de cárcel a servidores públicos que obstaculicen investigaciones, vulneren los derechos de las víctimas o favorezcan la impunidad en delitos cometidos contra mujeres en Puebla. La propuesta busca establecer sanciones más severas para quienes, desde sus funciones, interfieran en el acceso a la justicia para las víctimas. @Osva_Valencia
— Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) October 15, 2026
La iniciativa busca establecer cómo obligación para las autoridades investigar toda muerte violenta de mujeres y niñas con perspectiva de género y con el protocolo de feminicidio.
Asimismo, se busca incrementar las penas en contra de servidores públicos que obstaculicen investigaciones de delitos contra mujeres.
Piden castigar a servidores por obstruir investigaciones de delitos contra mujeres en Puebla
La reforma al Código Penal del Estado busca sancionar a las personas servidoras públicas con penas de 4 a 10 años de prisión.
La sanción se aplicaría por obstaculizar investigaciones, vulneren los derechos de las víctimas o favorezcan la impunidad en delitos cometidos contra mujeres.
La diputada local señaló que buscan impedir las obstrucciones en investigaciones de delitos contra mujeres en Puebla.
Indicó que con ello intentarán que las investigaciones no sean entorpecidas por cuestiones de prejuicios de género en el estado.
“Se busca garantizar investigaciones responsables, evitar que los perjuicios determinen el rumbo de la justicia y establecer consecuencias legales para quien deliberadamente la obstaculice”, sostuvo.
La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen respectivo.
