La llegada de Audi a Puebla fue el pretexto perfecto del morenvoallismo para enriquecerse a costa del erario estatal. De 2012 a 2016, el gobierno de Puebla invirtió más de 11 mil millones de pesos en obras para facilitar la instalación de la armadora automotriz.
Uno de los funcionarios que más se beneficiaron fue el entonces secretario de Infraestructura y posteriormente gobernador de Puebla, Tony Gali Fayad.
Desde esta dependencia se beneficiaron a los constructores que en la mayoría de los casos eran amigos del régimen o prestanombres.
Una de las firmas más beneficiadas fue Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe (Codesa), cuyo propietario es Luis Alfonso Mier, empresario muy cercano a Antonio Gali.
Esta constructora obtuvo millones de pesos en obra pública durante el morenovallismo. Pero sin duda el proyecto más escandaloso fue la construcción de las plataformas para la instalación de Audi.
La zona que se eligió en San José Chiapa es propensa a inundaciones, por lo que el gobierno de Rafael Moreno Valle se comprometió a preparar el terreno y dejarlo listo para corregir este contratiempo.
Así que se ideó construir unas plataformas que solucionaran el problema. El costo que proyectaron superaba 5 mil millones de pesos, por lo que echaron mano de los proyectos multianuales, esa figura que tanto gustaba a ese grupo político.
A través de la figura de Asociaciones Públicas Privadas se contrató a Codesa para ejecutar el proyecto.
El contrato establece que el monto total de la obra asciende a 5 mil 079 millones de pesos, los cuales se pagarían entre el 30 de noviembre de 2012 y el 15 de noviembre de 2024.
Los reportes financieros del gobierno de Puebla refieren que se han pagado mil 926 millones de pesos y aún se le deben a Codesa 3 mil 152 millones de pesos.
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta anunció una denuncia penal por la corrupción que imperó este proyecto.
Es claro que el ex gobernador de Puebla tendrá que responder por este caso, pues uno de sus amigos es quien recibe pagos millonarios mes con mes.
En su momento se documentó que a pesar de ser un monto elevado, el gobierno morenovallista adjudicó de manera directa la obra y se simuló el concurso.
Hoy, el estado sigue pagando ese proyecto y durante cinco años se destinarán 3 mil millones que bien servirían para combatir la pobreza.