El día de ayer fueron aprobadas en el Congreso Local la Ley Monzón, que retira la patria potestad a padres acusados de feminicidio, y la Ley Ácida, que castiga con hasta 40 años de prisión a los agresores que busquen causar daño a sus víctimas utilizando cualquier tipo de sustancia química. La buena noticia es que la violencia contra las mujeres se ha ido visibilizando y este tipo de leyes ampara a las víctimas de delitos que por mucho tiempo fueron pasados por alto o que fueron normalizados hasta convertirse en parte de la dinámica social, lo cual nos lleva a la mala noticia: en México, como en otras partes del mundo, estos delitos siguen perpetrándose y el miedo de ir a la cárcel no es suficiente para detener a los victimarios en potencia.
Aunque la violencia ácida tiene una historia independiente de la violencia de género, en la actualidad, este tipo de ataques son utilizados por los hombres para castigar principalmente a las mujeres que de una u otra forma han dejado de responder a sus exigencias, es decir, que estos delitos son perpetrados por pretendientes o exparejas que toman la negativa de la víctima como una afrenta contra su honor o su virilidad. ¿Qué hacer con una sociedad llena de hombres que nos ven como objetos de propiedad privada?
Según un informe de la organización Acid Survivors Trust International, la violencia ácida es un problema global que no está determinado por la religión o la cultura de un país, sin embargo, los lugares en los que se da en mayor medida comparten como características principales una brecha de género mucho más marcada y una nula regulación en la venta de ácidos y otras sustancias químicas que pueden causar daños irreparables a la salud física de una persona.
Si pensamos en todas los factores que abonan a la inequidad entre géneros, el problema se vuelve aún más grave, pues aún con la facilidad para obtener sustancias químicas, el peligro de ataques no existiría si en la mente de los victimarios no permeara el deseo de hacer daño. Vivimos en una dinámica en la cual la mujer se encuentra constantemente en desventaja con trabajos mal pagados, poco reconocimiento de sus logros profesionales, jornadas extenuantes de trabajo en oficina y en casa, el cuidado físico, emocional y económico de la familia, entre otras actividades que no le permiten hacerse cargo de su propia estabilidad. Esto la mantiene vulnerable en un mundo en que los hombres establecen las reglas para perpetuar su poderío, principalmente a través de la violencia.
Una forma de mitigar el impacto de las diferentes violencias que se ejercen específicamente contra las mujeres es la promulgación de leyes como la Olimpia, la Monzón y la Ácida, ya que permiten, por un lado, visibilizar el daño a las víctimas y, por otro, evitar la impunidad de este tipo de delitos. Sin embargo, se ha dejado de lado el diseño de herramientas preventivas que arranquen la violencia del repertorio de recursos que los hombres creen válidos y efectivos para la “resolución de conflictos”.
La actualización de las leyes a partir de una perspectiva de género son pasos importantes para la disminución de la brecha de género en el país, pero no son suficientes para eliminar la violencia contra las mujeres. Es necesario que las instituciones gubernamentales dejen de hacer su trabajo por presión y empiecen a hacerlo por convicción, para erradicar un problema tan complejo como la violencia de género basta el castigo, es necesario contemplar que gran parte del problema se encuentra en sus orígenes y para abordarlos es necesaria la prevención.
No solo se trata de contar cuántas servidores públicos se han capacitado en temas de género o a cuántas mujeres se les han dado préstamos para pequeños negocios, ni siquiera se trata de contar cuántos feminicidas se encuentran ya tras las rejas o cuántos cuerpos de mujeres han sido recuperados en los últimos años. Se trata de facilitar, acompañar y subsidiar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos; de erradicar la posibilidad de matrimonios infantiles en cada rincón del país; de incluir la educación psicoemocional como materia nuclear en cada nivel educativo, de integrar la perspectiva de género en cada segmento de la dinámica social, que el daño físico, emocional y psicológico contra las mujeres deje de normalizarse. Si el problema no se arranca de raíz, la violencia machista seguirá rasgando el tejido social y las leyes seguirán siendo los parches que maticen sus daños colaterales.
