Dos casos representativos en la misma semana demostraron que en Puebla, a diferencia del pasado, el estado de derecho se aplica y se respeta.
La entrega del campus de la Udlap a la rectora interina Cecilia Anaya y la aprehensión de Francisco Romero, ex auditor del estado, en el Fraccionamiento La Vista son dos ejemplos perfectos de la ley en la entidad poblana se aplica sin distingos y sin salvedades.
Durante el infame régimen del oscuro Rafael Moreno Valle nos acostumbramos a que la administración e impartición de justicia fuese un proceso turbio y viciado, además de que todo dependía de los arranques megalómanos del priista que gobernó el estado durante casi una década.
Cómo olvidar que fue precisamente el fallecido exgobernador quien destapó la cloaca del desfalco a la Fundación Jenkins, orquestada por sus patronos, y el desvío de recursos públicos de la Universidad de las Américas Puebla, planeado y ejecutado por Luis Ernesto Derbez y su círculo cercano de colaboradores.
A pesar de contar con todas las pruebas del quebranto a la FMSJ por parte de la familia Jenkins y de los delitos cometidos por Derbez Bautista, Moreno Valle decidió no aplicar la ley y exonerar a los hoy prófugos de la justicia a cambio de incluirlos en su modelo de electoral y económico con el que dominó a Puebla del 2011 al 2018.
Una vez más, el siniestro Rafael aplicó una de sus máximas: para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas.
Otro caso que representa como el morenovallismo torció la ley sin ningún poder y el estado de derecho fallido en el que su hundió Puebla fue la detención de Dulce María Silva, la hoy diputada federal de Morena y esposa de César Yáñez, quien en ese entonces era el hombre más cercano a Andrés Manuel López Obrador.
Como era una costumbre en el régimen de Moreno Valle, a Dulce Silva le fabricaron una serie de delitos para aprehenderla de manera irregular y así lograr que cediera un terreno en la zona de Angelópolis, solo porque el priista tenía intereses de adueñarse de dicho predio en la lujosa zona entre la Ciudad de Puebla y San Andrés Cholula.
Con Silva Hernández no solo torcieron la ley, sino que le hicieron todo tipo de infamias y humillaciones durante su aprehensión en el Penal de San Miguel.
Hoy, las cosas son distintas.
La ley ya es de aplicación general y no de uso particular.
La entrega del campus de la Udlap es la muestra de que el estado de derecho en Puebla está restaurado y la ley se aplica sin importar los asuntos o intereses políticos del caso.
Y es que, la Universidad de las Américas Puebla y su comunidad están exentas de los pleitos legales entre la familia Jenkins que siguen vigentes y también de las ordenes de aprehensión giradas contra Derbez, sus colaboradores y los abogados de la institución y la fundación.
Sobra decir que en el barbosismo y en específico en el caso de la Udlap no harán excepciones para la aplicación de la ley para ninguno de los implicados en los delitos cometidos en esta oscuro trama que ya no podrá ser utilizada por los mezquinos ni los oportunistas para golpear al gobernador emanado de la 4T.
Pero, el caso más representativo de la nueva forma de la aplicación de la justicia en Puebla es el caso del exauditor Francisco Romero, quien fue aprehendido el pasado viernes en su residencia en el lujoso Fraccionamiento La Vista Country Club por los delitos de violencia familia y de operación con recursos de procedencia ilícita.
Sin importar que Romero Serrano fue impulsado por el actual grupo en el poder para llegar a la Auditoría Superior del Estado en el 2019, su caída se da tres años después por este mismo grupo, que tiene como premisa no tolerar ningún acto de corrupción ni doblar la ley para beneficiar a nadie a cambios de rentas políticas ni acuerdos económicos.
Aunque existan algunos mercenarios que se atrevan a defenderlo, Francisco Romero es el ejemplo perfecto de lo mucho que el poder puede enfermar a una persona cuyos ideales no son firmes y sus ambiciones son peores.
La caída del exauditor ya había sido bastante anunciada por diferentes medios de comunicación, pero solo en El Incorrecto nos atrevimos a mencionar la historia, con nombres y apellidos, del pleito con sum pareja Joseline Z, el cual ahora lo tiene metido en este tremendo lío.
Como le mencionamos, Romero jamás entendió la nueva dinámica de la política en Puebla y ahora está pagando por sus excesos, traiciones y corruptelas.
La Udlap y el caso del exauditor son los testigos de que el estado de derecho en Puebla está restaurado y se aplica.
Ahora, el estado de derecho en Puebla se respeta.
Así de claro.
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