El año 2023 inicia con una importante responsabilidad para el Congreso del Estado de Puebla: concluir con la regularización de los centros de rehabilitación contra adicciones también llamados anexos, que la repentina muerte del exgobernador Miguel Barbosa dejó a medias.
El año 2022 destacó como uno de los más desastrosos en cuanto al funcionamiento de estos centros que operan, unos bajo las siglas de AA, otros en la más completa ilegalidad. Al menos diez casos documentados de adictos, fallecidos en circunstancias poco claras, así como otra serie de irregularidades, desde fugas masivas hasta asesinatos de líderes a manos de sus “ahijados”, fueron motivo suficiente para llamar la atención de los medios de comunicación, lo cual fue detectado por Luis Miguel Barbosa Huerta, quien envió al Poder Legislativo una iniciativa de reforma a la ley para modificar el entramado de anexos en Puebla.
El 8 de diciembre pasado, los diputados locales aprobaron la modificación al artículo 258 bis del Código Penal del Estado, con lo cual se establecieron multas de hasta 200 Unidades de Medida de Actualización (UMAS), y penas carcelarias de hasta cuatro años, contra aquellos dueños de establecimientos y espacios de rehabilitación que operan sin permiso de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC). Pero los legisladores tienen pendiente todavía la creación de un padrón de estancias, anexos, granjas o clínicas de rehabilitación, con el objetivo precisamente de detectar a los centros que funcionan de forma irregular, así como otra serie de modificaciones a la Ley Estatal de Salud, para garantizar que en dichos espacios se respeten los derechos humanos.
Regular el sistema de anexos es una de las deudas pendientes del Estado Mexicano con la sociedad. Las epidemias de adictos que actualmente se viven en grandes ciudades del país son el resultado de años y años de abandono, tanto por un gobierno ineficiente que no se hizo cargo de un problema social que en parte él mismo provocaba, así como de una sociedad egoísta que fingió ser ciega hasta que el problema comenzó a afectarla directamente.
Resulta triste pensar que quienes han sido en su mayoría miembros de los grupos más desfavorecidos: los pobres, los enfermos, los divergentes, los que no han tenido familia, son hoy a quienes se mantiene encerrados bajo condiciones infrahumanas, en sitios donde prevalecen los castigos corporales, las humillaciones, las duchas con agua fría, la privación de la comida o incluso, la tortura sexual y psicológica.
Ojalá los diputados de Puebla honren la memoria del exgobernador Miguel Barbosa y decidan concluir con esta importante reforma que quedó detenida debido a la intempestiva muerte de quien tuvo la visión de reconocer que muchos anexos funcionan actualmente como “refugio de delincuentes”.
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