El infierno que se encendió en Puebla desde los primeros días de este año tuvo su epicentro en el sistema de seguridad y en los centros penitenciarios del estado.
Los mismos autores intelectuales y su vocero llevaron todas las miradas hacia allá.
¿Qué buscaban con generar está percepción en la que ya está sumida la entidad?
Estamos frente a una acción concertada y no frente a hechos aislados.
Una vil vendetta.
La bautizada ya como “La Trama Macabra de Tadeo” fue la gota que derramó el vaso al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la cual sigue infectada tras el paso de la Mafia Chiapaneca que controló a la dependencia durante la oscura gestión de Raciel López Salazar.
En su momento, el gobernador Miguel Barbosa dio cuentas de todas las infamias y atrocidades que cometieron López Salazar y su Mafia Chiapaneca en todas las instancias y rubros a cargo de la SSP.
Desde cobro de cuotas, derechos de piso y libre tránsito, diezmos y moches a las bandas del crimen organizado; siembra de pruebas y fabricación de delitos; hostigamiento y acoso sexual a las propias uniformadas de la corporación estatal; hasta todo un esquema delincuencial al interior de los penales en la entidad.
Todo esto fue documentado y verificado por el mandatario poblano, quien reconoció, sin miedo ni tapujos, que “Los Chiapanecos” le vieron la cara, pues él los invitó a colaborar con un gobierno honesto e incorruptible, pero hicieron todo lo contrario.
Las denuncias fueron presentadas por decenas en contra de todos los altos mandos de la corporación estatal.
Barbosa Huerta lo venía advirtiendo desde que inició con la limpia de la SSP tras la salida de Raciel López y todos sus foráneos que ocuparon las principales direcciones de la dependencia como Pedro León Toro, subsecretario de Coordinación y Operación policial; Jaime Padilla Barrientos, director General de Grupos Especiales y la directora de vialidad estatal, Karina Sauceda.
“Cuando los chiapanecos se fueron, en el tiempo que estuvieron allá, en el reclusorio de San Miguel, construyeron un pueblito en el patio de San Miguel: cuartos divididos en dos o tres y llegaban a cobrar dos mil 500 pesos la noche y 250 la hora allá en el reclusorio y luego nunca hubo allá en el reclusorio suspensión de visitas sexuales; el fin de semana entraban prostitutas o sexoservidoras y les cobraban y todo lo demás”, aclaró el gobernador Barbosa el 14 de junio del año pasado.
Se extirpó el tumor, pero el cáncer seguía haciendo metástasis en la Secretaría de Seguridad Pública.
Como prueba está la detención realizado el 3 de mayo del 2020 de José Antonio N, el exjefe de Seguridad y Custodia del penal de San Pedro Cholula que intentó ingresar 32 mil pesos en efectivo y dosis de cristal, marihuana y tres teléfonos celulares a dicho centro penitenciario de la zona conurbada.
Sobra decir que José Antonio es de origen chiapaneco y era una de las piezas principales de la Mafia de López Salazar.
Días más tarde, el 27 de mayo, Julián Palomares del Valle fue destituido de la Dirección General de la Policía Estatal (DGPE) tras difundirse la aprehensión del jefe de la base de operaciones del municipio de Esperanza, Juan Carlos Romero Abraham, quien la comandaba y portaba más de 300 dosis de marihuana, cristal y cocaína que no pudo justificar, además de varias armas de fuego.
Las evidencias de las pillerías de la Mafia de los Chiapanecos seguían acumulándose.
Tras seis meses de tensa calma, Raciel López activo de nueva cuenta sus métodos para desestabilizar al gobierno barbosista como con la filtración de la ridícula fuga de Eukid Castañón, en contubernio con el ex asesor jurídico Florencio Madariaga, aunque él lo niegue; además de otras irregularidades cometidas al interior de diferentes Centros de Reinserción Social de Puebla.
El feminicidio de Liliana Lozada, la atroz exhumación del cadáver del bebé Tadeo y su ingreso al Penal de San Miguel y la arbitraria e ilegal detención de Leslie Alcántara por parte de policías estatales fue un crudo regreso a la realidad.
La limpia de la SSP aún estaba lejos de terminar.
El anuncio de la destitución de Rogelio López Maya como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y el relevo del titular de la subsecretaria de Centros Penitenciarios no es un tema menor como tampoco lo es la detención de 19 directivos y custodios, a quienes se les imputan los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber; infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones; así como encubrimiento, no es un tema menor.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado necesita una purga total o corremos el riesgo de que el infierno en Puebla se caliente aún más.
El estado vive horas bajas y en alerta máxima.
Es hora de extirpar en su totalidad el cáncer chiapaneco.
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