Los renglones torcidos de la Violencia Política de Género
Fue en noviembre de 2019 cuando la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para tipificar la violencia política de género como delito electoral, con sanciones de hasta siete años de prisión.
El dictamen surgió de dos iniciativas; una, presentada por la diputada poblana Lucero Saldaña Pérez (PRI), y otra, por diputados integrantes de las bancadas de Morena y PVEM, en abril de ese año.
Para marzo del 2020, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Senado de la República aprobó la reforma a siete leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, así como establecer medidas de protección y reparación del daño.
De acuerdo con su definición, la violencia política en razón de género “es toda acción u omisión en contra de una mujer, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público”.
A la fecha, los avances a favor de las mujeres, las acciones afirmativas de género y la protección a una vida y ejercicio de la política libre de violencia ha sido gigantesco en el país.
Sin embargo, la lucha por la paridad, igualdad y alternancia en la política mexicana sigue teniendo muchísimas asignaturas pendientes.
Durante el periodo electoral 2023-2024, de septiembre de 2023 a junio de 2024, fueron asesinadas 34 candidatas y 96 más sobrevivieron a diversas agresiones como ataque armado, amenazas, atentados y secuestro.
Para los pasados comicios, el INE recibió 205 quejas de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género durante el proceso electoral, que inició el 7 de septiembre de 2023 y hasta el 18 de junio de 2024.
La mayoría fueron por ataques en redes a candidatas a diputadas federales, según el Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del INE y que incluye una numeralia del proceso electoral 2023-2024.
Del total de las quejas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 42% fue por ataques en redes sociales; 18% en medios de comunicación y 9% por obstaculizaciones para obtener la candidatura.
Las herramientas para combatir la VPG contras las mujeres son cada vez más y mejores, pero con el avance de las normativas a su favor también todo se ha ido tergiversando.
La naturaleza de la Violencia Política en Razón de Género se ha encaminado hacia la venganza y el garrote político, la censura y la mordaza.
El último fallo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el que anuló la elección en la alcaldía Cuauhtémoc por VPG cometida por la candidata de la alianza Va por México, Alessandra Rojo de la Vega, quien resultó ganadora de dichos comicios con una ventaja menor al tres por ciento.
Por todas las vías, Catalina Monreal, su rival de Morena e hija del poderoso Ricardo Monreal, buscó anular la elección que perdió y solo fue a través de la Violencia Política en Razón de Género que lo logró.
Un fallo por demás absurdo y excesivo.
Los magistrados de la CDMX encontraron como violencia las expresiones como “es hija de” Ricardo Monreal y pósters donde Caty Monreal aparece como marioneta, además de publicaciones, principalmente hechas en redes sociales, incluían mensajes como “¿Creen que Morena vaya por un perfil nuevo en la Cuauhtémoc o habrá nepotismo y encuestas manipuladas para colocar por compromiso a la ‘hija de’?”.
“Se inventaron un nuevo término: familismo, esa fue la violencia política que ejercí. Tantos años de luchar como feminista, de irme a las calles, de acompañar a mujeres y no había escuchado ese término”, se quejó Alessandra Rojo de la Vega.
En Puebla no somos ajenos a que las lucha contra la Violencia Política en Razón de Género se distorsione.
La mayoría de las quejas presentadas ante el IEE han sido por políticas poco tolerantes a las críticas y que buscan acabar con los periodistas y medios de comunicación.
Las querellas y los fallos de las autoridades electorales, al igual que en el caso de Rojo de la Vega, han sido inverosímiles y hasta abusivos en contra de la libertad de expresión.
Una denuncia que obra en el Instituto Electoral de Puebla dibuja de cuerpo completo esta apreciación, pues una exfuncionaria y hoy legisladora denunció a una centena de personas, entre periodistas, ciudadanos y hasta perfiles de X.
La intolerancia a la libre expresión en su máxima expresión.
Otra queja por VPG que rayó en lo ridículo fue promovida por la abogada del CDE del PRI, Laura Torres, quien denunció a cuatro colegas periodistas, Cirilo Calderón, Yazmín Curiel y Mario Alberto Mejía; y a los medios Hipócrita Lector, Intolerancia Diario, Sucesos Puebla, MTP Noticias e Imagen Poblana, que colaboraron con notas, reportajes y entrevistas para exhibir la usurpación de Néstor Camarillo de una candidatura indígena.
Insisto, la Violencia Política en Razón de Género ahora se emplea como un utensilio más para acabar con los adversarios y para atentar –por si algo más hiciera falta– en contra de la libre prensa y la libertad de expresión.
Qué lástima que una ley que nació con otros fines, como romper el techo de cristal, haya terminado en esto.
Los renglones torcidos de la VPG son cada vez más peligrosos.
