El peligroso tufo a huachicol en las elecciones de Puebla
Un fenómeno cada vez más recurrente en los procesos electorales de Puebla al que la Junta Local del INE y el Consejo General del IEE deberá calificar como primordial y ponerle mayor atención es a la infiltración del crimen organizado con presencia en la entidad y con bases en estados del norte del país en los comicios que están a once días de iniciar, los cuales renovarán todos los cargos locales de elección popular el próximo 2 de junio.
Y es que, la irrupción de los grandes cárteles y de sus células regionales para financiar campañas, dotar de recursos materiales y humanos y servir como grupos de choque sanguinarios en las jornadas electorales es algo que debería alarmar, preocupar y ocupar tanto a los órganos y tribunales electorales, así como al gobierno de la República. Y, sin embargo.
En estados como Jalisco, que al igual que Puebla renovará su gobierno, Sinaloa, Nuevo León, Guerrero, Michoacán y Baja California, el hampa, a través de sus brazos empresariales y políticos, tienen no solo influencia para poner o quitar a tal candidato por algún cargo público, también pueden hacer perder o ganar a tal o cual abanderado.
Por ejemplo, en la entidad jalisciense, el poder electoral del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está estimando en 10 puntos durante las elecciones al gobierno del estado. Quien sea el candidato o candidata que busca suceder a Enrique Alfaro debe, de manera obligatoria, sentarse con los representantes del cártel más poderoso del país en la actualidad.
La Consultoría Integralia advirtió en su más reciente informe que en la elección 2024 el crimen organizado intervendrá, como nunca antes, principalmente en las mil 802 presidencias municipales en disputa.
Al decir del estudio, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos son los estados con mayor riesgo para los procesos local y federal en marcha, pues en estas demarcaciones el crimen organizado mantiene conflictos armados y hay proliferación de mercados ilícitos, que –sobra decirlo– estarán en juego durante la renovación del gobierno federal, estatales y municipales.
A la par de esto, Laboratorio Electoral destacó en su informe Violencia Electoral 2023-2024 que de junio de 2023 al 7 de febrero pasado hubo en el país 50 casos de violencia, dirigidos específicamente a incidir en el proceso electoral. De ellos 33 fueron asesinatos, 11 atentados, 2 amenazas y 4 secuestros o desapariciones.
Agregó que en 16 de los 33 asesinatos la víctima era aspirante a una candidatura, el resto son encuestadores, colaboradores de partidos, funcionarios públicos, así como familiares de éstos.
Cifras que aterrorizan a la sociedad y que ponen en riesgo la democracia del país.
Puebla, si bien aún no está en las condiciones de los estados antes mencionados, está muy cerca de convertirse en un infierno por la disputa de los cárteles, sus células regionales y los cárteles locales que ya existen.
Varias son las alarmas ya, como balaceras, ejecuciones, apariciones de narcomantas, cadáveres y desmembrados, que proyectan que el crimen organizado tendrá un peso determinante en las elecciones del primer domingo de junio.
El reciente atentado en contra de la directora del penal de San Miguel en Puebla, María del Rayo Mendoza Farfán, la noche del pasado 6 de marzo tras recibir una amenaza a través de una manta es el ejemplo perfecto de esto.
Mucho ya se ha escrito sobre los cómos y cuándos de la descomposición de la entidad poblana en la era del morenovallismo, en la que los Zetas, el CJNG y la Familia Michoacana se “disputaron la plaza”, con la complacencia y permiso del fallecido Rafael Moreno Valle, para ordeñar los ductos de Pemex y vender el famoso huachicol a transportistas y gasolineras.
La disputa, no está de más recordarlo, mantuvo al estado en alerta máxima al inicio de este sexenio que vive sus últimos días, pero que se logró controlar gracias al trabajo coordinado entre la federación y el gobierno del estado.
Sin embargo, el crimen organizado muto a otros delitos de alto impacto como los secuestros, extorsiones y robo de transportistas, además de asentar bases en la periferia de la capital y en la zona metropolitana.
El hampa en Puebla hoy amenaza con enquistarse en la administración pública, a través de la postulación de candidatos con claros y fuertes nexos con las bandas huachicoleras y del narcotráfico.
Los casos más alarmantes son los que registra el PSI, aliado del PAN, PRI y PRD, que lleva como abanderados en municipios del triángulo rojo y en los distritos federales y locales que abarcan estas localidades a personajes de dudosa reputación, quienes no pueden negar sus vínculos con el CO.
El tufo a huachicol en las elecciones de Puebla del 2 de junio no debe pasar desapercibido para nadie.
Que después no digan que no se advirtió cuando ya sea demasiado tarde.
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