El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador manifestó su disposición a testificar ante las autoridades judiciales para defenderse de la demanda presentada en su contra por la senadora Xóchitl Gálvez ante la Fiscalía General de la República (FGR). La denuncia acusa al jefe del Ejecutivo federal de cometer un delito al hacer pública información financiera y empresarial de la senadora.
En conferencia de prensa, el Mandatario federal aseguró que la denuncia no tiene relación con lo electoral, sino que se trata de supuestos delitos de tráfico de influencia y corrupción. López Obrador se mostró dispuesto a proporcionar la información que sea requerida por las autoridades para aclarar los señalamientos en su contra.
La controversia entre el presidente y la senadora surgió después de que López Obrador exhibiera en una conferencia previa una lista de los contratos que las empresas de Xóchitl Gálvez habían celebrado con instituciones públicas y empresas privadas durante los últimos nueve años, sumando casi mil 500 millones de pesos.
El presidente destacó que el 70% de esos contratos fueron celebrados en la alcaldía Miguel Hidalgo, que coincidentemente fue gobernada por Gálvez entre 2015 y 2018. Ante la denuncia presentada, López Obrador solicitó a las autoridades que investiguen a fondo los contratos otorgados a las empresas de la senadora.
En sus declaraciones, el presidente mencionó que los abogados que asesoran a la senadora en esta demanda son los mismos que defendieron a Claudio X. González, y destacó la presencia de Ramón Cossío, exministro, entre ellos. Aseguró que la situación es «como el mundo al revés» y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.
La demanda presentada por Xóchitl Gálvez y la posterior respuesta del presidente López Obrador han generado polémica en el ámbito político y judicial, y se espera que el caso sea debidamente investigado para esclarecer los señalamientos de ambas partes. Mientras tanto, la atención pública se mantiene en torno a este tema, que involucra acusaciones de tráfico de influencia y corrupción en el contexto de contratos con instituciones y empresas.
