La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el tiro de gracia a las reformas electorales promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas como plan B. Con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, una mayoría calificada de nueve ministros ha determinado la invalidez total del plan B debido a graves violaciones en el proceso legislativo de aprobación.
El ministro ponente Javier Laynez Potisek señaló: «Resulta claro, evidente que se violó el principio de deliberación democrática porque no había manera de que los legisladores conocieran ni siquiera superficialmente el texto de lo que estaban votando».
Al señalar que el decreto impugnado pasó por el mismo proceso legislativo que la primera parte de las reformas electorales analizadas, el ministro Juan Luis González Alcántara indicó que lo procedente es invalidar la segunda parte. González Alcántara afirmó: «Compartió los mismos vicios legislativos que este tribunal pleno ya declaró, por mayoría calificada, que tienen un potencial invalidante por su grave afectación al principio de democracia deliberativa, que debe regir todos los trabajos legislativos. Por lo tanto, por congruencia y también por convicción, debe pronunciarme a favor de la invalidez del decreto impugnado, por las violaciones al proceso legislativo».
En contraste, la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que invalidar la segunda parte del plan B de la reforma electoral solamente por vicios legislativos resta credibilidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se enfoca cada vez más en este tipo de «exámenes superficiales». Esquivel Mossa afirmó que la misión del máximo tribunal del país va más allá de verificar si los legisladores cumplieron con su reglamento para procesar una ley.
«Las ministras y ministros estamos llamados a revisar la regularidad constitucional de los contenidos del orden jurídico nacional porque esta función es la que efectivamente redunda en el equilibrio de los poderes de la unión», sostuvo Esquivel Mossa al anunciar su voto en contra de anular más de 450 normas electorales impulsadas por el presidente López Obrador.
La ministra también señaló que limitarse a ser gestores de las buenas prácticas parlamentarias es una contribución limitada para lo que la Constitución exige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es poner fin a los conflictos.
«Quedarnos en este tipo de exámenes superficiales, los cuales, por cierto, cada vez son más frecuentes, me parece que nos resta credibilidad especialmente en esta materia, la electoral, en la que los actores políticos y la ciudadanía esperan de la Suprema Corte una labor sustantiva, de mayor profundidad y no un mero cotejo y validación de los formalismos procedimentales que acontecen en el deber cotidiano de los órganos legislativos«
