Este lunes, el gobierno federal anunció en el Diario Oficial de la Federación la expropiación por causa de utilidad pública de terrenos de propiedad privada ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, Estado de México. Esta medida se lleva a cabo con el objetivo de construir los Centros de Transferencia Modal 1, 3, 4 y 6, como parte de la ampliación de la línea 1 del Tren Suburbano, la cual se extenderá hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La publicación oficial menciona: «Se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 113 mil 838 metros cuadrados de terrenos de propiedad privada ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, Estado de México. La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes procede a la ocupación inmediata de los bienes materia de la expropiación».
La ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), tiene como objetivo principal garantizar la conectividad desde y hacia el AIFA. El proyecto abarca la extensión de la línea desde la estación Lechería hasta la estación de Santa Lucía. Esta iniciativa permitirá contar con un servicio ferroviario de transporte masivo de pasajeros, eléctrico, competitivo, eficiente y seguro.
La ampliación del Tren Suburbano no solo reducirá los costos y tiempos de recorrido para las personas que viajen desde la zona metropolitana del Valle de México hacia el AIFA y viceversa, sino que también contribuirá a la disminución de accidentes y la contaminación ambiental en la zona, al tratarse de un medio de transporte eléctrico. Además, se espera que esta infraestructura impulse el desarrollo urbano de la región, generando un mayor bienestar social para los habitantes.
La SICT asumirá la responsabilidad de cubrir, con su presupuesto autorizado, el monto de la indemnización que corresponda a aquellos propietarios que acrediten su legítimo derecho, de acuerdo con los avalúos realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), según lo estipulado en el presente decreto.
Los interesados tendrán un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación de este decreto, para acudir al procedimiento judicial establecido en el artículo 11 de la Ley de Expropiación. El propósito de este proceso es cuestionar el monto de la indemnización correspondiente.
Con información de El Universal
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