México

Indignación en CDMX: Joven agrede a pareja de adultos mayores (VIDEO)

La agresora fue identificada por el periodista Carlos Jiménez como Erika Vázquez, quien presuntamente reside en la Unidad Habitacional Esmeralda, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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Joven agrede a pareja de adultos mayores y causa una fuerte ola de indignación en redes sociales, especialmente tras conocerse que la agresora presumiblemente cuenta con protección dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

El incidente, captado en video y ampliamente difundido en plataformas digitales, muestra a la mujer golpeando brutalmente a una señora de la tercera edad, a quien acusa de haberla «cacheteado».

En las imágenes, la víctima intenta defenderse, pero es derribada y pateada por la agresora. Poco después, el esposo de la mujer —quien grababa la escena con su celular— también fue atacado, pese a que suplicó que se detuviera y explicó que su esposa estaba enferma.

Joven agrede a pareja de adultos mayores y presume vínculos con la Fiscalía

La agresora fue identificada por el periodista Carlos Jiménez como Erika Vázquez, quien presuntamente reside en la Unidad Habitacional Esmeralda, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Según Jiménez, la joven alardea de tener influencias en la FGJ CDMX gracias a su padre, quien aparentemente trabaja en dicha institución.

En publicaciones previas en redes sociales, Vázquez habría hecho referencia a su supuesto cargo como «licenciada», y una de las imágenes difundidas muestra su presencia en lo que parece ser una sesión del Congreso de la Ciudad de México.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el caso, lo que ha generado más críticas y exigencias de justicia por parte de la ciudadanía.

Colectivos y usuarios en redes han solicitado a la FGJ CDMX aclarar si existen vínculos familiares o laborales que puedan influir en el curso de la investigación.

La comunidad exige que se tomen medidas inmediatas contra la agresora, y que las posibles conexiones con instituciones públicas no interfieran en el acceso a la justicia para las víctimas.



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