Un juez en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, emitió una sentencia ejemplar de 33 años de prisión para Víctor Mauricio Becerra Casas, tras encontrarlo culpable de obligar a su propia hija, de 17 años de edad, a mantener relaciones sexuales con otros hombres durante la pandemia.
Este caso, que se remonta a 2019, cuando la víctima denunció el caso de explotación sexual a manos de su propio padre.
Según la investigación llevada a cabo por la Fiscalía estatal, Víctor Mauricio Becerra Casas comenzó a llevar a su hija a un domicilio ubicado en la calle Vasco de Quiroga, en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde la forzaba a mantener relaciones sexuales con Alejandro Ramón Ortiz a cambio de dinero.
La gravedad era tal, que si la joven se negaba a acceder a los deseos del hombre, su propio padre la amenazaba con violencia física. Estos abusos continuaron hasta el mes de marzo de 2022, cuando finalmente se realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía estatal.
El Ministerio Público, tras una laboriosa recolección de pruebas sólidas, presentó su caso ante el tribunal, lo que llevó al juez a dictar una sentencia de 33 años y 9 meses de prisión para Víctor Mauricio Becerra Casas por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Además, se le impuso una multa de 2 millones 237 mil pesos.
Asimismo, Alejandro Ramón Ortiz también enfrentó la justicia y fue condenado a 31 años y 6 meses de prisión por el delito de trata de personas en la modalidad de acción dolosa, al usar los servicios de la joven a sabiendas de su situación de trata. Ortiz deberá pagar una multa de 1 millón 876 mil 290 pesos.
La Fiscalía del Estado de México llevó a cabo una encomiable labor de investigación, destacando el esfuerzo de su personal, que realizó una exhaustiva labor de gabinete y campo para recopilar pruebas y datos que fueron presentados ante el juez. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación (PDI) llevaron a cabo la detención de ambos implicados, quienes fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.
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