El diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una iniciativa para quitarle la licencia a conductores violentos que agredan física o verbalmente a otras personas.
Proponen quitarle la licencia a conductores violentos en Puebla y obligarlos a tomar cursos
En el Congreso de Puebla se propuso quitarle la licencia a conductores violentos y que tomen cursos de sensibilización, con el fin de evitar peleas callejeras relacionadas con incidentes viales.
La propuesta fue presentada por el diputado Elpidio Díaz Escobar, de Fuerza por México, y consiste en modificar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla.
Con la nueva redacción se establece que cualquier conductor -público o privado- que incurra en “acciones violentas, agresiones físicas o verbales que pongan en riesgo la seguridad vial y alteren el orden público vial” perderá su licencia o permiso para conducir de manera temporal, sin posibilidad de recuperarla hasta acreditar un curso obligatorio de educación y control del riesgo vial.
Por qué proponen quitarle la licencia a conductores violentos
La iniciativa para quitarle la licencia a conductores violentos cita datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que ubican a Puebla como la cuarta entidad con más muertes por accidentes de tránsito a nivel nacional, con un promedio de casi dos decesos diarios.
En 2025, fallecieron 948 personas por hechos de tránsito en el estado, contra 898 por homicidios dolosos.
El diputado Díaz Escobar, quien preside la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso, argumentó que el anonimato, la intolerancia y la frustración generan comportamientos que “transforman simples infracciones de tránsito en agresiones directas”.
El curso para conductores violentos
La iniciativa propone, además de quitarle la licencia a conductores violentos, crear el Curso de Educación y Control del Riesgo Vial, que incluiría formación en manejo de la ira, control de impulsos y cultura vial.
Los conductores sancionados no podrán recuperar su licencia hasta completarlo y acreditarlo. El costo del curso correría completamente a cargo del infractor.
La Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado tendría 180 días hábiles a partir de la aprobación del decreto para implementar los cursos y hacer las adecuaciones reglamentarias necesarias.
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