Tan solo imaginémonos este escenario: dos políticos, enrolados en sus disfraces de candidatos, pidiendo el voto después de pisotear al Poder Judicial de Puebla o al Poder Legislativo federal.
¿Quién en su sano juicio puede confiarle su voto a un magistrado presidente que desde el interior corrompió al sistema de impartición, acceso y administración a la justicia al grado de permitir o hacerse el desentendido en un caso de barbarie total como el de Miriam Vázquez en Huauchinango?
¿Alguien puede apoyar a un diputado federal durante una elección a sabiendas de que no es capaz de respetar las leyes federales, estatales o municipales a pesar de que en su quehacer como servidor público está el salvaguardo de las normas y de la legislación?
La famosa frase emitida por Andrés Manuel López Obrador, a la sazón candidato presidenciable fallido en el 2006, con la que retrató la crisis institucional en México luego de ser víctima del Fraude Electoral con el que Felipe Calderón llegó a la presidencia de la República, retrata a la perfección lo que está sucediendo en Puebla.
Sí, “al diablo con sus instituciones”, parece que es el lema con el que Héctor Sánchez e Ignacio Mier decidieron catapultar sus proyectos políticos con miras al 2024.
El presidente del TSJ, tras la histórica mañanera en la que Miguel Barbosa retrató la putrefacción que se vive al interior del Poder Judicial de Puebla al darle voz a Miriam Vázquez, quien fue víctima de una violación al igual que una de dos de sus hijas, está en caída libre y su silencio agrava aún más la aguda crisis por la que atraviesa su carrera política, la cual se estrelló antes de despegar.
Héctor Sánchez mandó, de manera literal, al diablo la institucionalidad del Tribunal Superior de Justicia, al que llegó como pago a su lealtad ciega a José Antonio Gali, de quien jamás logró desvincularse.
El presidente del Poder Judicial pudo ser el promotor de un cambio de régimen de gran calado al interior del TSJ, pero los intereses económicos y políticos pesaron más en él.
La reforma anunciada por el gobernador Miguel Barbosa al Sistema Judicial del Estado, además de ser una iniciativa profunda, que será presentada el mismo día que el Congreso del estado inicie el tercer periodo de sesiones de este año, busca regresarle la institucionalidad a la máxima tribuna de justicia de Puebla.
Jueces y magistrado que dejen de litigar y actuar mirando a sus carteras y sus cuentas bancarias y ahora vean por el interés social de los más desprotegidos.
Era difícil de imaginarse a Héctor Sánchez, como candidato a gobernador, prometiendo el acceso a la justicia para todos los poblanos cuando él fue uno de los principales protagonistas de esta severa crisis por la que atraviesa el TSJ.
Otro caso que encaja a la perfección con el célebre dicho de López Obrador es el de Nacho Mier, quien como diputado federal plurinominal no es capaz de respetar las propias leyes, que él como legislador debería ser el primero en acatar.
Mier Velazco, sin importar la investidura de su cargo como coordinador de los diputados federales de Morena y posible presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, está violando de manera flagrante con las leyes electorales de Puebla, las federales, el Coremun y la Ley del Medio Ambiente del estado.
La poco planeada estrategia de promoción de su cuarto informe de labores como diputado federal de Ignacio Mier es una clara muestra del nulo respeto que el expriista tiene por las leyes, además de que exhibe un severo desconocimiento de las legislaciones actuales.
Mier violó la Ley Federal Electoral que prohíbe la promoción extraterritorial de servidores públicos al colocar anuncios espectaculares en Chalco, en el Estado de México, que pertenece a la Quinta Circunscripción federal, aunque él sea legislador por la Cuarta, en donde están los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Ciudad de México.
De las violaciones al Coremun y a Ley Estatal de Medio Ambiente ya ni las mencionamos por lo flagrante de los actos ilegales cometidos por Ignacio Mier.
Mier Velazco también mandó al diablo a las instituciones electorales de Puebla.
¿Cómo pretendía el diputado federal pedir el voto en los comicios del 2024 y pedir que se respeten las leyes cuando él no fue capaz de hacer lo mismo y fue un abierto corruptor de las normas?
Qué poco valor tienen los poderes que representan y las leyes para Don Héctor y para Don Ignacio.
Pues sí, “al diablo con sus instituciones”.
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