Subestimar en política, como en la vida misma, es el peor error.
No hay nada más delicado que un político que subestima a sus pares o a sus superiores.
Los y las mujeres del poder, mareados en su ladrillo, tienden a subestimar y a perder de vista los hechos y lo cambiante de los tiempos y la nueva forma de hacer política en la entidad.
La crisis institucional que se vive en el Tribunal Superior de Justicia de Puebla pasa mucho por la inacción y las prácticas de subestimar al grupo hegemónico del poder en el estado.
Dos hechos retratan a la perfección los graves vicios que siguen enquistados en el Poder Judicial del estado, que preside Héctor Sánchez: la barbarie en la que se convirtió el caso de Miriam Vázquez, de Huauchinango, y los turbios acuerdos que connotados morenovallistas, como Juan Pablo Piña, están haciendo a costa de la impartición y administración de la justicia en Puebla.
Ya sea por omisión o complicidad, Sánchez Sánchez tiene ya las horas contadas al frente del TSJ, siempre y cuando entienda las señales que tiene de frente.
La ruta es más que clara.
En menos de un mes, Héctor Sánchez, quien tuvo el desatino de traicionar la confianza del gobernador Miguel Barbosa y de subestimar su olfato político, pasó de ser parte de la lista de aspirantes palomeados por el propio mandatario poblano a estar ya marcado como un personaje non grato para el barbosismo tras conocerse una serie de acontecimientos que ponen en entredicho su actuar como presidente del TSJ.
El ex síndico de Tony Gali, quien llegó al Poder Judicial durante el minigobierno de aquel, tiene comprometida el acceso, la imparcialidad y procuración de justicia en todo el estado.
¿Qué está pasando con el Poder Judicial de Puebla?
Nadie en su sano juicio puede entender lo que sucedió la semana pasada en Huauchinango cuando el juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con cabecera en Zacatlán, cambió el delito de violación por el de estupro en contra de Miriam por parte de su padrastro Ramón, por lo cual el imputado fue liberado y no permaneció en prisión, por el simple hecho de tener un vínculo familiar con Lucio León Mata.
La miseria en su máxima expresión.
La Fiscalía General de Puebla detuvo a Ramón N., quien en Huauchinango violó y embarazó a su hijastra de 14 años, además de que raptó a la menor, a su bebé y a otra de sus hijas. Sin embargo, el juez de oralidad de la región norte lo liberó.
“Ramón N. fue vinculado a proceso únicamente por el delito de estupro. El delito de estupro en el contexto del hecho establece una pena de 5 a 10 años de prisión, mientras que el de violación agravada es de 10 a 40 años de cárcel. Se tiene conocimiento de que el imputado es medio hermano de un juez”, reza parte del comunicado que fijó la FGE tras conocerse la asquerosidad con la que el TSJ condujo el caso de Miriam Vázquez.
Pero, eso no fue todo.
En una desangelada entrevista, que será recordada por muchos años, Héctor Sánchez aseguró que investigarán (sólo investigará, pues no mencionó que castigará o cesará de manerta inmediata) al juez que liberó a al presunto violador de Miriam Vázquez.
“Debo ser muy preciso, no voy a emitir un comentario descalificando al Ministerio Público, sin embargo, es el Ministerio Público quien debe ofrecer datos suficientes en la audiencia. Ya se verá en el proceso, claro que sí procede se suspenderá (el juez), pero ya se verá en el procedimiento”.
Está claro que Héctor Sánchez subestima lo que este caso se puede llegar a convertir.
No resulta extraño el actuar del presidente del TSJ.
Y es que, el magistrado está bastante comprometido por sus nexos con el morenogalsimo, del que jamás pudo deslindarse sin importar que esto lo tenga caminando en la cornisa.
Sánchez Sánchez dilapidó todas sus aspiraciones políticas del 2024 por no entender lo que una verdadera y nueva clase política en Puebla representa.
El magistrado presidente prefirió convertir al Poder Judicial en el último resquicio del morenogalismo a tal grado de darle cabida ahí a un personaje una ignominiosa memoria para los poblanos, como lo es Juan Pablo Piña Kurczyn.
Resulta que el hijo de Mariano Piña Olaya, el peor gobernador en la historia de Puebla, se presenta como el gestor de todos los asuntos del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Sí, Juan Pablo Piña, aquel que fue el autor de los peritajes con cabezas de marrano y de la teoría de la onda expansiva del cohetón para justicar y deslinar a Rafael Moreno Valle, a Facundo Rosas y a sus policías estatales, de la masacre de Chalchihuapan en la que perdió la vida el niño José Luis Tehuatlie, es la mano que mece la cuna en al Poder Judicial local.
Nadie entiende qué le pasó a Héctor Sánchez.
Otro político que pude ser y no quiso serlo.
Un político más que subestimó a Casa Aguayo.
Las palabras del gobernador Barbosa durante el festejo del día del abogado en el TSJ tienen más peso que nunca.
“Los abogados servidores públicos deben estar convencidos que juntos tienen una función: la aplicación de la ley, la irrestricta aplicación de la ley y no ser deformadores de la ley. Recuperemos esa gran aristocracia que ha caracterizado al ejercicio de los profesionales del derecho, para ser los formadores de instituciones, los formadores de una sociedad que tiene que estar permanentemente revisándose, no torciéndose. Fortalezcamos la ley, fortalezcamos su cumplimiento y no seamos sus depredadores en beneficio de intereses particulares”.
Y sí, la crisis del TSJ pasa por las manos de aquellos depredadores en beneficio de intereses particulares.
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