21 septiembre, 2022

Adiós a los magistrados y jueces intocables del Tribunal Superior de Justicia de Puebla

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La impartición de justicia en México es para unos cuantos. En Puebla no es la excepción. Aún seguimos viendo casos en los que magistrados y jueces ordenan la liberación de delincuentes, se equivocan en las sentencias, apoyan a personajes con poder económico para despojar de propiedades a los más desprotegidos o inclinan la balanza para beneficiar intereses con sus fallos.

El Poder Judicial de Puebla entrará en una nueva dinámica con la reforma a la Constitución Local propuesta por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, la cual ingresará este día al Pleno del Congreso Local para ser enviada al análisis en la Comisión de Gobernación.

El contenido de esta propuesta ya fue publicada en los medios de comunicación de Puebla y seguramente no es bien vista en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que encabeza Héctor Sánchez Sánchez, pues acota su margen de maniobra y pone sobre la mesa sanciones por ejercer indebidamente su trabajo.

Ante la serie de irregularidades cometidas por jueces poblanos, el titular del Poder Ejecutivo dio luz verde a una reforma para corregir las anomalías.

El principal damnificado es Héctor Sánchez. El ex síndico del Ayuntamiento de Puebla con Antonio Gali Fayad, estiró la liga y volvió a coquetear con ese grupo político, lo cual no fue bien visto en Casa Aguayo.

Los cambios a la Constitución de Puebla evitarán que los magistrados del TSJ se perpetúen pues su periodo tendrá una vigencia de 15 años. En el caso del presidente su periodo será de 4 años y no será reelecto.

Otro cambio importante es que dejarán de ser intocables. A propuesta de los propios magistrados podrán cambiar de presidente y a petición de ciudadanos, el Congreso Local iniciará juicios de revocación ante violaciones graves en la impartición de justicia.

El tercer punto de trascendencia es la obligatoriedad de que todos los servidores del Poder Judicial presenten declaración patrimonial, de intereses y una relación de familiares consanguíneos de hasta cuarto grado.

Con esto se abatirán fallos para favorecer a los amigos o compadres de los jueces y podremos saber si su patrimonio crece desmedidamente en comparación con sus ingresos.

El TSJ perderá el control sobre el Consejo de la Judicatura, pues no compartirán presidente, y ahora los consejeros serán electos a propuestas del gobernador y de los diputados locales.

El último punto que provocará tener jueces más eficientes es la figura de "responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial", a través de la cual se fincarán responsabilidades por mala praxis y se les obligará a compensar el daño provocado.

La propuesta del gobernador Miguel Barbosa no terminará de facto con los jueces corruptos, pero los meterá en cintura si es que quieren conservar su puesto, el alto ingreso que estos cargos representan y su reputación como defensores de la ley.

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