Apresurados por iniciar una sucesión que aun no pinta en el horizonte y para que el gobernador Miguel Barbosa destape a su corredor para la carrera del 2024, algunos malversados y despistados vieron en la relación institucional y en la colaboración que el mandatario poblano le ofreció al inicio de su gestión al alcalde Eduardo Rivera un matrimonio antinatura al tratarse de dos perfiles emanados de partidos antagónicos como Movimiento Regeneración Nacional y Acción Nacional.
Sus sesudos análisis una vez más fallaron y sus previsiones quedaron una vez más en ridículo.
Entre Barbosa y Rivera no existe un matrimonio.
Por lo tanto, tampoco hubo una luna de miel.
Sobra decir que amasiato tampoco es un término que define a la relación entre el gobernador y el edil capitalino.
Desde el inicio de su administración, Miguel Barbosa dejó claro que respeta la autonomía municipal, pero no solapa los actos fuera de la ley por parte de ningún alcalde, sea o no de su mismo partido.
Ejemplos sobran.
Felipe Patjane, Claudia Rivera, Norma Layón, Luis Márquez, Paola Angón, son solo algunos casos que dibujan a la perfección el respeto a las decisiones municipales, pero que también retratan las posturas claras del gobernador de Puebla.
Barbosa Huerta aplica a la perfección la máxima de que “su pecho no es bodega”.
La mañana de este martes fuimos testigos de que a pesar de la cordialidad y del respeto, el gobernador puede tener diferencias con perfiles con los que ha venido caminando de cerca, en específico, con el alcalde Lalo Rivera.
Para nadie es un secreto la buena relación que existe entre Rivera Pérez y Barbosa Huerta, sin embargo, esto no puede traducirse, es obvio, como una alianza política y mucho menos electoral con miras al futuro.
El encontronazo, por así llamarlo, por la concesión de los paraderos de los autobuses en Puebla capital por hasta 10 años dejó claro que entre Barbosa y Lalo no existe ningún tipo de plan sucesorio, ya que el mandatario estatal le puso un alto a los negocios que pretende realizar Michel Chaín con estos espacios públicos.
«Concesiones de 10, 20 ó 30 años tienen el propósito de control político, de crear obligaciones de retribuciones ¿No quedamos que íbamos a ser diferentes o qué solo bajo un esquema de persecución se portan bien? (…) Que no me quieran ver a mí la cara”, fueron las palabras con las que Barbosa fulminó la iniciativa para concesionar la publicidad en los paraderos que, como bien menciona el gobernador, tiene un fin político claro por parte de Chaín Carrillo, quien es el verdadero padre de esta propuesta con quién sabe qué intensiones detrás.
Sobra decir que Chaín ya es un dolor de cabeza para Lalo Rivera.
Y cantado vale doble.
Si bien, Eduardo Rivera defendió esta concesión al referir que el Congreso del Estado no cuenta con facultades para aprobar concesiones, sólo contratos, de acuerdo con el artículo 57, fracción VII de la Constitución Política del estado y el artículo 78, fracción XIX, de Ley Orgánica Municipal, además de que la concesión es un acto mixto, que tiene elementos reglamentarios y contractuales y que esto no la vuelve un contrato.
El edil también mencionó que esta concesión en los paraderos no es algo nuevo, pues en 2001 el Ayuntamiento otorgó una concesión a Clear Channel para la instalación y aprovechamiento del equipo urbano con fines publicitarios por 10 años. En 2011, Blanca Alcalá, prorrogó el título de concesión a la empresa por otros 10 años.
Pero, Carlos Palafox Galeana, consejero jurídico del gobierno del estado, explicó que de acuerdo al Artículo 57 del Congreso del Estado, es facultad del Poder Legislativo autorizar la enajenación de bienes inmuebles propios del estado o de los municipios, así como aprobar los contratos que celebren los ayuntamientos cuando tengan una duración mayor al periodo para el cual fueron electos.
En tanto, en el Artículo 173 de la Ley Orgánica Municipal se considera que los ayuntamientos requieren de dos terceras partes de sus miembros para concesionar el aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público del municipio, cuando el término de dicha concesión no exceda la gestión del ayuntamiento.
Por su parte, Sergio Salomón Céspedes, presidente del Congreso del estado, pidió “legalidad” en el proceso para la otorgación de la concesión de publicidad que planea el ayuntamiento.
El asunto debe pasar por el Congreso del Estado si la concesión se alarga por diez años, pues así lo marcan los ordenamientos legales, al decir del también coordinador de los diputados de Morena.
Sin lugar a dudas, los paraderos será un nuevo choque entre el estado y el municipio.
Quienes veían a Lalo Rivera como el Plan A o B de Miguel Barbosa rumbo al 2024 que mejor vayan al oculista.
Ni matrimonio ni luna de miel ni amasiato.
Diferentes formas de gobernar y de ejercer el poder, eso sí.
Esta historia, es obvio, tendrá diferentes lecturas y mucho que contar.
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