Las comisiones unidas de Procuración de Justicia y de Protección Civil y de Desarrollo Urbano aprobaron reformas para evitar asentamientos humanos irregulares y sancionar hasta con 15 años de cárcel a funcionarios por expedir permisos y permitir construcciones en zonas de riesgo además de áreas naturales protegidas.
En sesión, los diputados aprobaron por unanimidad de votos las reformas propuestas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y del Código Penal del Estado.
Las reformas añaden al Código Penal del Estado como delito contra el orden del desarrollo urbano los actos y omisiones de los funcionarios públicos que permitan este tipo de asentamientos humanos.
“Con el carácter de funcionarios Públicos realicen actos u omisiones para alentar, autorizar, aprobar, otorgar, conceder y/o permitir la fundación de asentamientos humanos irregulares y/o en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones o zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda por los Planes de Desarrollo Urbano respectivos”.
Las penas están establecidas entre 4 a 10 años de prisión, y multa de 180 a 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA) pero éstas inermentarían hasta en una mitad cuando el asentamiento irregular se encuentre dentro de un área natural protegida o de preservación ecológica, por lo que la sanción podría ser de 6 a 15 años de cárcel.
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Durante la comisión, la diputada de Morena, Yolanda Gámez Mendoza, señaló que la ocupación de espacios territoriales ha ocasionado el crecimiento de asentamientos irregulares en la entidad por parte de desarrolladores de vivienda.
Apuntó que engañan a los ciudadanos al prometerles espacios para vivir con la promesa de instalar posteriormente servicios de agua potable, alcantarillado, luz, entre otros.
Además, la legisladora morenista señaló que los asentamientos irregulares son herencia de los gobiernos estatales del Partido Acción Nacional (PAN), quienes los utilizaron como “botín político y clientela al invadir y licitar superficies territoriales”.
“Esos asentamientos conllevan además a que sus habitantes tengan muy mala calidad de vida, viviendo en condiciones insalubres al carecer de agua potable, lo que también ocasiona contaminación del manto friático, también carecen de alumbrado y de servicio de transporte público debido a que no cuentan con pavimentación teniendo malos caminos que imposibilitan el tránsito de vehículos”.
La iniciativa plantea establecer la definición de un “asentamiento humano irregular” para fines de vivienda en el estado:
“Conglomerado de personas establecido para fines de vivienda, sin autorización, en un área físicamente localizada de restricción natural o artificial, riesgos o de amortiguamiento, cualquiera que sea su régimen de propiedad; al margen de las leyes, planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico; carente de los requerimientos mínimos de infraestructura, equipamiento y servicios básicos para su buen funcionamiento, con falta de certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra”.
Así se busca prohibir la entrega de cualquier permiso por parte de funcionarios estatales o municipales en asentamientos irregulares que se encuentren en “derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones y zonas federales”.
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Foto: Pexels
