La presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, el Síndico, Omar Flores Vázquez y el director de Obra Pública, fueron denunciados por el delito de despojo por parte de Manuel Rodrigo Torralba Hernández, un ciudadano del barrio La Asunción, quien afirmó que las autoridades robaron una parte de su propiedad para colocar adoquín en la calle Hidalgo.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada Contra Delitos Cometidos por Servidores Públicos de Puebla, la situación se originó en diciembre de 2021, cuando personal del Ayuntamiento llegó sin previo aviso a su propiedad, quienes limpiaron la parte en conflicto.
El afectado aseguró que usaron de su propiedad una extensión de casi 7 metros de ancho por 16 de largo sin su consentimiento.
Torralba Hernández indicó que su hermano, quien cuida el lugar en su ausencia, le narró el suceso, lo cual confirmó cuando regresó de Estados Unidos. Posteriormente, fue con la inspectora del Barrio, aunque ésta no logró resolver el problema.
Más tarde, dos arquitectos, entre ellos el director de Obra pública, Donado Gutiérrez Ocampo, acudieron al lugar para tomar medidas y fotografías de la situación, pero no resolvieron nada.
El Ayuntamiento se apropió parte del terreno del denunciante
Los peritos de Obra pública del Ayuntamiento obtuvieron copia de la escritura de propiedad y credencial de elector de Manuel Rodrigo Torralba Hernández, bajo supuestos engaños, y con ello intentaron acreditar que el terreno era parte del municipio.
El afectado fu convocado a dos reuniones al Ayuntamiento de Izúcar. A la primera no asistió el síndico municipal y la segunda fue cancelada.
El funcionario municipal únicamente se presentó en la propiedad para medir el terreno el 23 de mayo, para reafirmar que ya pertenecía al Ayuntamiento. Ahora la Fiscalía Especializada Contra Delitos Cometidos Por Servidores Públicos de Puebla debe decidir si los hechos expuestos constituyen algún delito.
El afectado no fue notificado del despojo, ya que actuaron de manera ilegal
El denunciante sostuvo que los funcionarios municipales le reiteraron en varias ocasiones que el área en cuestión ya era propiedad del Ayuntamiento.
En su denuncia, el ciudadano solicitó al agente del Ministerio Público, que realice y desahogue todas las diligencias necesarias para acreditar el delito y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Igualmente, solicitó que se gire un oficio de investigación y que la correspondiente Carpeta de Investigación (CDI) se remitiera a los medios alternativos de solución de conflictos. En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes, se debe remitir la carpeta al Juez de Control competente, para que se imponga la sanción correspondiente.
Hasta el momento, la alcaldesa, Irene Orea y ninguno de los servidores públicos involucrado se ha pronunciado sobre el tema.
