La propuesta establece que todos los ayuntamientos del estado deberían instalar, operar y mantener módulos permanentes para la prevención, orientación, canalización y atención inicial de víctimas de acoso sexual en la vía pública.
Morena propone que se instalen módulos para denunciar acoso sexual en la vía pública en Puebla
La diputada de Morena, Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para obligar a todos los ayuntamientos de Puebla a instalar módulos permanentes de atención a víctimas de acoso sexual en la vía pública.
La propuesta reforma y adiciona el artículo 212 de la Ley Orgánica Municipal y el origen se relaciona con un video difundido en redes sociales el 17 de abril de 2026, en el que se observa a un hombre seguir a una mujer hasta su domicilio en la colonia San Manuel de la capital poblana y agredirla cuando intentaba entrar a su casa.
Módulos para denunciar acoso sexual en la vía pública en Puebla: esto dice la iniciativa
La reforma modifica las fracciones III y IV del artículo 212 de la Ley Orgánica Municipal y agrega una fracción V que establece expresamente la obligación de instalar los módulos.
Actualmente, la ley no contempla esta figura como una obligación permanente y específica para los ayuntamientos.
La propuesta establece que todos los ayuntamientos del estado deberían instalar, operar y mantener módulos permanentes para la prevención, orientación, canalización y atención inicial de víctimas de acoso sexual en la vía pública.
El personal de estos módulos deberá estar capacitado en protocolos con perspectiva de género y derechos humanos.
Los plazos que establece la iniciativa son los siguientes:
- 180 días para instalar o habilitar los módulos, preferentemente en instancias municipales de la mujer, áreas de atención ciudadana o dependencias de seguridad pública.
- 90 días para emitir o actualizar reglamentos, protocolos y rutas de atención.
- Los costos correrían a cargo del presupuesto de cada ayuntamiento, aprovechando infraestructura y personal ya existente.
Además, los módulos deberán operar con criterios de accesibilidad, confidencialidad, trato digno y medidas para evitar la revictimización.
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