Qué implica la consulta de Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, sus beneficios según autoridades y por qué comunidades wixárikas y de la CDMX la rechazan.
¿Qué es la consulta de Ley de Pueblos Indígenas y por qué algunas comunidades la rechazan?
El Gobierno federal puso en marcha la consulta de Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proceso que busca reglamentar el artículo 2º constitucional y que arrancó entre respaldos oficiales y protestas de comunidades que cuestionan sus plazos y alcances.
La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, Guadalupe Chavira, adelantó que la ley será prioritaria en el próximo periodo de sesiones.
Qué es la consulta de Ley de Pueblos Indígenas
La consulta de Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos convoca a 16 mil 728 comunidades de 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano, mediante 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo.
La etapa informativa corrió hasta el 6 de agosto; la deliberativa va del 7 de agosto al 13 de septiembre, y la iniciativa se presentaría ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre.
La propuesta, de más de 400 artículos, busca que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ejerzan su carácter de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que definan aspectos como sus formas de gobierno, patrimonio cultural y protección del territorio.
Los beneficios que destacan las autoridades
Al participar en la Asamblea Regional en Etchojoa, Sonora, Guadalupe Chavira destacó que la reforma constitucional ya otorga a los pueblos más de 26 mil millones de pesos en dos años, canalizados de forma directa mediante asambleas y administración comunitaria, sin intermediarios, para obras de agua potable, drenaje, electrificación, salud y educación.
«Con la reforma constitucional ya no dependen de la voluntad del gobernante, porque ahora tienen derecho de elegir en qué proyectos se gastan los recursos asignados vía el presupuesto federal de forma directa a las comunidades», recordó Chavira.
El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, afirmó que el proceso busca dejar atrás la elaboración de leyes desde oficinas y despachos, para construirlas desde los propios pueblos.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, calificó la ley como una oportunidad histórica para romper con las inercias estatales.
«No se trata de incorporar a alguien, sino de abrazar esa diversidad. Implica una gran reforma a nuestra forma cotidiana de atender la realidad del pueblo», manifestó Aguilar Ortiz.
🗓️ Del 23 al 30 de agosto se realizará la consulta para la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
— ✍️📝Mediatik Noticias (@mediatiknoticia) August 10, 2026
🎤 Participa con tus propuestas en alguna de las cuatro sedes.
🤝 Puebla es un estado pluricultural y multilingüe.#PorAmorAPuebla… pic.twitter.com/r0TrgFs81E
Comunidades rechazan el proceso
La consulta de Ley de Pueblos Indígenas también arrancó entre protestas. En la Ciudad de México, pobladores de Villa Milpa Alta bloquearon el acceso al Foro Calmécac para impedir una de las asambleas.
Organizaciones locales señalan que existen cerca de 200 pueblos y barrios originarios en la capital, de los cuales solo 53 están reconocidos por el INPI para participar.
«Los plazos establecidos no respetan los tiempos y formas de deliberación de los pueblos y barrios originarios. En cambio, parecen responder a los tiempos políticos, legislativos y mediáticos del Estado», señalaron representantes de pueblos originarios de la Ciudad de México.
Pueblos wixárika, naayerij, o’dam y meshikan de la Sierra Madre Occidental también rechazan el proceso. Álvaro Puwari, del Consejo del Patrimonio Cultural Originario, afirmó que ocurre una «revolución de conciencias» entre los pueblos para «no hacer lo que el Estado mexicano diga», y pidió posponer la consulta para tener más tiempo de análisis.
Las críticas al patrimonio cultural y al artículo 133
Uno de los puntos más cuestionados es el patrimonio cultural: la propuesta permite el uso, comercialización o reproducción por terceros con fines de lucro de elementos del patrimonio indígena, con ganancias canalizadas a un fondo administrado por el Gobierno federal.
«Pone al gobierno a dar los permisos, a ponerle precio y a guardar el dinero», reclamó Álvaro Puwari sobre el manejo del patrimonio cultural.
Comunidades inconformes también señalan el artículo 133 de la propuesta, que permite a la autoridad continuar con una medida «fundada y motivada en la promoción del interés público» cuando el impacto «no sea considerado significativo», lo que —advierten— reduciría su derecho a ser consultadas.
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— Ramon Hernandez S. (@RamonHernande23) August 10, 2026
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